En los últimos años ha aumentado el número de inquilinos que se retrasan
en el pago de sus alquileres o que no pueden pagar a fin de mes, lo que
sin duda supone un quebradero de cabeza para muchos propietarios. Si
pensamos en todos los inconvenientes que pueden surgir a la hora de
alquilar nuestra vivienda a unos desconocidos, uno de los primeros problemas que surgen es precisamente el no poder cobrar a final de mes.
Pero no es el único. También pueden surgir otras complicaciones, como
que los arrendatarios provoquen desperfectos en la vivienda o que
haya que recurrir a un desahucio por impago o por obras no consentidas.

Para evitarnos estas molestias es mejor dejarnos asesorar por un corredor profesional que nos sugiera un seguro de impago de alquiler que se ajuste a nuestras necesidades. Normalmente suelen asumir el coste íntegro de las mensualidades impagadas o incluso una indemnización en casos de vandalismo, siempre y cuando se haya denunciado a la autoridad pertinente. Además de asegurar el cobro, estas pólizas ofrecen otras ventajas, como que los abogados del asegurado reclamen las cuotas no pagadas al inquilino moroso, antes incluso de que salga la sentencia por
desahucio o la condena por impago.

Como es lógico antes de solicitar este tipo de pólizas, las compañías tienen que analizar la solvencia económica de los inquilinos a los que el propietario pretende alquilar su vivienda, ya que en caso de impago serían ellas las encargadas de abonar los costes. Como norma general para considerar a un arrendatario apto, el importe del alquiler no debería suponer más del 40% o 45% de los ingresos mensuales del inquilino. En el caso de trabajadores por cuenta ajena, suelen pedir las dos últimas nóminas, volumen de ingresos y antigüedad en la empresa; en el de los autónomos, las dos últimas declaraciones de IVA e IRPF; y en el de los pensionistas, un justificante de su condición de pensionista y de sus ingresos mensuales.

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